Noticias.Un suelo comprado en Gernika por 19 millones que vale 7
La operación podría «favorecer» a la empresa y debió ser comunicada a la UE.
El informe del Tribunal Vasco de Cuentas también aborda la actividad de las empresas públicas forales. Entre las transacciones fiscalizadas, el organismo se detiene en varias operaciones realizadas en 2007 por Bizkailur, la entidad que gestiona el plan foral de vivienda y la promoción de suelos industriales.
En concreto, cuestiona una operación que se cerró en diciembre de ese año en Gernika. La Diputación adquirió a una sociedad privada terrenos (21.186 metros cuadrados) y pabellones industriales por valor de 19 millones de euros más IVA. El objetivo de esta operación, según consta en el texto de la entidad fiscalizadora, era conseguir la «reordenación industrial» del sector cubertero en la villa vizcaína. Este colectivo se encontraba en una «difícil situación» como consecuencia de la «competencia» de otros fabricantes, sobre todo del Este de Europa y Asia. Y se pretendía constituir un «nuevo y único» proyecto empresarial con el traslado a unas nuevas instalaciones que, precisamente, se financiarían con la compraventa.
Con este objetivo en mente, la Diputación llegó a un acuerdo con las compañías cuberteras Jypsa (Dalia) y Malta, de Gernika, para la fusión de ambas empresas. La base del plan de actuación, según explicó entonces el diputado general, José Luis Bilbao, consistía en la compra por parte de la Administración de los terrenos en los que se asentaba Jypsa por un montante global de 19 millones de euros. Se trataba, en definitiva, de relanzar un sector que atraviesa una «profunda» crisis en la última década.
El precio de la adquisición de los terrenos se fijó en base a una futura recalificación urbanística para uso residencial, en la que se reservaba una edificabilidad «suficiente» para asegurar la financiación del proyecto industrial. Sin embargo, con la calificación urbanística actual, la valoración del suelo alcanza un máximo de 7,1 millones de euros.
El Tribunal Vasco de Cuentas señala que, en los términos actuales, la compra «pudiera favorecer» a la empresa vendedora y ser nuevamente calificada como «ayuda de Estado». En este sentido, recalca que el acuerdo debió ser remitido a la Comisión Europea para que fuese evaluada su «compatibilidad o no» con el mercado común.
Avales
Por otro lado, cuestiona la decisión de Bizkailur de renovar avales a una empresa privada por importe de 3 millones de euros y a otras dos compañías por valor de 15,4 millones.
El organismo fiscalizador subraya que estas actuaciones requieren el acuerdo expreso de las Juntas Generales. Este requisito es necesario siempre que las garantías concedidas superan los 3 millones. Además, esta sociedad mantenía en esas fechas avales concedidos en ejercicios anteriores por importe de casi 6 millones de euros a una entidad privada.
Fuente de la noticia:elcorreodigital.com